Energía andina

Estudio señala que la actividad minera generó más de un millón de puestos de trabajo desde el año 2019.

El último informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), difundido en el diario El Comercio, dio cuenta que hay un total de 15 proyectos programados para entrar en marcha hacia el 2025, con inversiones por US$ 16 mil millones. De ejecutarse todos ellos, aportarían alrededor del 71% del PBI del 2023.

Asimismo, del reciente estudio se revela que la ejecución de la cartera minera anunciada para el 2024 podría reducir la pobreza en el país hasta en un quinto (21.8 %). El IPE destaca la importancia de la minería para el desarrollo económico del Perú, señalando que esta actividad no solo impulsa su crecimiento, sino que también eleva los ingresos fiscales, genera empleo y contribuye a la disminución de la pobreza.

Durante el anterior superciclo del precio de los metales (2003-2011), la inversión minera experimentó un significativo aumento. Proyectos de gran envergadura como Las Bambas, Toromocho, Ampliación de Cerro Verde y Ampliación de Antamina recibieron inversiones que sumaron $ 15.400 millones. Esta inversión impulsó la producción metálica, como lo demuestra el hecho de que la producción de cobre se duplicara entre el 2008 y el 2015.

Empleo para todos

De otro lado, el informe también detalla que en los últimos años, proyectos como Mina Justa y Quellaveco han contribuido a reactivar la economía, evitando una mayor caída del PBI en el 2023.

Según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los empleos mineros directos han superado en un 15 % los niveles del 2019, generando más de 116 mil puestos de trabajo adicionales en los últimos dos años. Considerando los efectos multiplicadores de la minería en la economía, se estima que esta actividad ha contribuido a la generación de más de 1 millón de empleos en total desde el 2019.

Tramitología

Finalmente, el estudio señala que para lograr una reducción consistente de la pobreza en nuestro país, es necesario que la economía alcance un crecimiento del 4 % anual. El camino para lograrlo es avanzar con la ejecución de la cartera de proyectos.

Para ello, IPE precisa que para recuperar la capacidad del país de atraer inversiones es clave reducir la “tramitología”, prevenir la conflictividad social, combatir la minería ilegal y la inseguridad; y asegurar que los impuestos que ya paga la minería se usen efectivamente para el cierre de brechas.

Con 78 votos a favor, se modificó norma del Ejecutivo que permitía a los policías enfrentar la tenencia ilegal de explosivos en personas cuya inscripción en REINFO está suspendida.

El pleno del Congreso de la República del Perú aprobó por mayoría derogar la disposición que establece medidas para prevenir la tenencia ilegal de artefactos o materiales explosivos en actividades mineras, dictada por el Poder Ejecutivo.

¿Qué significa esto? Con la norma impulsada por el Gobierno, la Policía Nacional del Perú podía enfrentar la tenencia ilegal de explosivos en personas cuya inscripción permanece suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), ahora en adelante, ya no será así.

“Las personas que se encuentran en el supuesto antes mencionado, dejan de formar parte del REINFO de forma automática con la comunicación que efectúa la Policía Nacional de Perú al Ministerio de Energía y Minas acreditada con las actas o documentos de sustento”, se lee en la disposición aprobada por el hemiciclo.

El dictamen obtuvo 78 votos a favor, en 16 contra y 11 abstenciones del Proyecto de Ley 7278. Incluso la iniciativa legislativa fue exonerada de segunda votación.

Justificación

El presidente de la Comisión de Energía y Minas, Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) advirtió que en la disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607, el cual fue aprobado por el Poder Ejecutivo al amparo de una delegación de facultades, se incluyó a los mineros artesanales en crimen organizado.

“Han ingresado seis proyectos de ley de distintos grupos parlamentarios, dónde se destacaba que dicha medida legislativa dictada por el Poder Ejecutivo -vía facultades delegadas del Congreso de la República- es una medida inconveniente para atender la compleja problemática de formalizar a la pequeña minería y minería artesanal” refirió el legislador Quiroz Barboza.

Al respecto, la congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) afirmó que el Poder Ejecutivo se excedió porque el Parlamento no le otorgó facultad para que legisle algo referente a la minería. “Así se determinó en la la Comisión de Constitución”, subrayó.

A su turno, el congresista Eduardo Salhuana Cavides (APP) dijo que el problema de fondo debe estar enfocado en el proceso de formalización, “Sin embargo el gobierno lo que ha hecho es meter de contrabando una norma, para adelantar los plazos que este Congreso ya lo dio, porque el proceso de formalización concluye el 31 de diciembre de 2024 según la ley aprobada”, agregó.

En contra de la medida

Desde el otro lado, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) sostuvo que el Congreso autorizó al Gobierno central a legislar sobre temas de crimen organizado y que exigir licencia de autorización de artefactos explosivos a los mineros artesanales es precisamente para combatir ese delito.

“Aunque algunos colegas lo nieguen también hay crimen organizado en muchas de esas organizaciones (mineros)”, expresó.

Fuente: Gestión e Infobae.

Durante el operativo se destruyeron cuatro socavones, materiales, herramientas e insumos , todo lo cual está valorizado en más de S/ 3 millones.

Fuerzas combinadas del Ejército y la Policía Nacional ejecutaron un operativo contra la minería ilegal en el distrito y provincia de Pataz, en La Libertad, logrando intervenir y destruir cuatro socavones y tres campamentos mineros rústicos, además de materiales, herramientas e insumos para la ilícita actividad, todo lo cual está valorizado en más de S/3 millones.

Según informó TV Perú, estas acciones se realizaron en el marco del Estado de Emergencia declarado en la provincia de Pataz, donde el control del orden interno está a cargo de las Fuerzas Armadas con apoyo de la Policía Nacional.

Los procedimientos de interdicción de socavones y campamentos mineros ilegales estuvieron a cargo de la Policía Nacional y contaron con el refuerzo de patrullas militares del Comando Unificado de Pataz (CUPAZ), cuya labor estuvo centrada en brindar protección y seguridad a la fuerza policial.

Cabe destacar que este operativo de las fuerzas combinadas contra la minería ilegal se llevó a cabo entre el miércoles 13 y el jueves 14 de marzo, en dos lugares del distrito de Pataz.

Lucha contra minería ilegal

En el sector La Porfidia fueron intervenidos y destruidos un campamento minero, dos socavones, tres tanques de oxígeno, 4,358 galones de petróleo, 1000 metros de manguera, cinco carritos mineros, diez colchones, dos cocinas, tres balones de gas, 50 kg de anfo artesanal, tres motores electrógenos, dos comprensoras industriales y 205 sacos de mineral en bruto.

En tanto, en el sector Magalpa fueron intervenidos y destruidos dos campamentos mineros, dos socavones, un pulmón de aire, 70 sacos con 7000 kg de mineral, una mesa de madera, un balón de gas, una cocina, un tractor mediano, siete carritos mineros, una compresora de aire, un tablero eléctrico, diez colchones, dos camarotes, un perforador eléctrico, cuatro baterías, un televisor, una antena de televisión, 50 metros de manguera, un tanque plástico, dos motores electrógenos. En este sector fue detenida una persona por el presunto delito de minería ilegal.

Empresarios buscarán reunirse con el premier Gustavo Adrianzén para que la Policía pueda seguir actuando frente a la tenencia ilegal de explosivos.

Tras la aprobación del Congreso de la República del proyecto de ley 7278, el cual deroga el Decreto Legislativo 1607, que establecía un freno a la minería ilegal y buscaba fortalecer el proceso de formalización, los gremios empresariales se pronunciaron y solicitaron al Poder Ejecutivo que observa la norma, pues favorece a la minería ilegal.

En conferencia de prensa se presentaron Darío Zegarra, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP); Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE); Leonie Roca, vicepresidenta de Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep); Alonso Rey, segundo vicepresidente de Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) y Gabriel Amaro, presidente de Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

Desde el IIMP, Zegarra mostró su preocupación por la derogación del Congreso a una norma que había sido impulsada por el Gobierno para frenar el avance de la minería ilegal. “Los impactos que generan la minería ilegal en el país nos afectan a todos. El 39% del oro que exportamos provienen de la minería ilegal y en esa ruta se dejan de pagar impuestos que podrían servir para reducir brechas sociales. Representa así también una pérdida del 2.5% del PBI”, manifestó.

En ese sentido, manifestó que el proceso de formalización que tiene como principal herramienta el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tiene más del 83% de inscritos con condición de suspendidos. Dijo que han transcurrido más de 8 años desde que se creó ese mecanismo, y a la fecha, no se han cumplido los requisitos de estos mineros para ser formales, entre ellos, la presentación de instrumento que establezca las medidas de cuidado ambiental.

“El Reinfo se ha convertido en una herramienta para encubrir la ilegalidad, otorga a los inscritos la extensión de responsabilidad. Es decir, que no pueden ser procesados por el delito de minería ilegal y la criminalidad asociada, solo por el hecho de estar en el registro y estar suspendido. Si queremos darles a nuestros hijos un país seguro y que permita el desarrollo de las personas, nuestras autoridades no pueden darle la espalda a la lucha contra la criminalidad”, aseveró.

Solicitud al Ejecutivo

En tanto, Leonie Roca, vicepresidenta de Confiep, indicó que como gremios esperan que ahora el Poder Ejecutivo rectifique y observe la norma que le quita facultades a los agentes policiales para intervenir y tomar acciones frente a la tenencia ilegal de materiales explosivos, insumo esencial para el desarrollo de la minería ilegal.

“Hubiéramos esperado que desde el Minem se diga que se interpondrá una acción de institucionalidad o que observará la norma para que lo aprobado ayer dure la menor cantidad de tiempo posible. Creo que sensibilizando a la población de la seriedad que tiene para el país, que convertirnos en una república donde no hay ley, donde no hay orden, donde a la Policía se le quitan competencias y cualquiera puede comprar explosivos, confiamos en que eso será revertido a la brevedad”, apuntó tras ser consultada por el comunicado del Minem que señala que seguirán trabajando dentro del marco legal luego de haber sido derogada la norma.

Finalmente, Víctor Gobitz, titular de la SNMPE, adelantó que además de emitir un comunicado formal y que será enviado a la PCM, buscarán reunirse con el premier Gustavo Adrianzén para que el Ejecutivo tome cartas en el asunto y rectifique lo aprobado por el Parlamento. “El Congreso ha abdicado ante el crimen organizado”, sentenció.